El rey Alfonso IX de León murió en el año 1230 sin que estuviera claro quién habría de sucederle. Las opciones eran o las infantas Sancha y Dulce, fruto de su matrimonio con Teresa de Portugal, o el rey castellano, su hijo Fernando III, nacido de su enlace con Berenguela de Castilla. Ambos matrimonios habían sido anulados por el papa por razones de consanguinidad, ya que la consorte portuguesa era prima carnal y la castellana sobrina segunda, lo que, en principio, a ojos de la Iglesia de Roma, dejaba al rey leonés sin herederos legítimos.

No conocemos las últimas voluntades de Alfonso IX, lo único que nos ha llegado es que el monarca reconoció a Fernando como heredero en el Tratado de Cabreros de 1206, en el de Burgos de 1207 y en el de Valladolid de 1209, pero, claro, esto fue antes de que su vástago se convirtiera inesperadamente en rey de Castilla en el año 1217, hecho que, en principio, estuvo a punto de encender la mecha de una guerra entre padre e hijo, ya que Alfonso IX tenía derechos sobre el trono de Castilla. Afortunadamente, se templaron gaitas y la paz entre los dos reinos se selló por medio del Pacto de Toro en agosto de 1218.

El caso es que, ante la perspectiva de un conflicto armado en 1230, Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla concertaron un encuentro, que se produjo en la localidad de Valencia de don Juan con el objetivo de buscar una salida pacífica a la cuestión sucesoria. Suponemos que Berenguela apeló a los tratados firmados y también al hecho de que, en el año 1218, el papa había declarado a su hijo Fernando como hijo legítimo con derecho a suceder a su padre. Frente a contundentes argumentaciones legales y contando con escasos apoyos entre la nobleza, la Iglesia y el pueblo, Teresa aceptó prudentemente una renta vitalicia para sus hijas a cambio de la renuncia absoluta de las mismas a reinar en León y su enclaustramiento en un convento.

Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela

Unos días después, el 11 de diciembre de 1230, las dos partes involucradas firmaron la Concordia de Benavente, por medio de la cual Fernando III sería rey de Castilla y rey de León, títulos que legaría a sus herederos. De ahí que, dos siglos más tarde, la reina Isabel I, normalmente referida como solamente “de Castilla”, declarara tras la muerte de su hermano Enrique IV que: “la sucesión de estos reinos y señoríos de Castilla y León, pertenezcan a mí como su legítima heredera y sucesora que soy”.